Una resolución firmada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, exgerente de Monsanto, habilita la fumigación en las que llama zonas de «amortiguamiento», es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales.
Durante una entrevista con el programa de radio La Red Rural, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquís, se ufanó de la novedad: «Es la primera vez que la Provincia escribe una reglamentación para controlar la aplicación de fitosanitarios». Sarquís, exgerente de la multinacional Monsanto, hablaba de la Resolución N° 246-MAGP-18, publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes 17 de diciembre, por la cual se habilita la aplicación de fitosanitarios (léase fumigación con agrotóxicos) «en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento».
Para los malpensados que pudieran ver en la flamante normativa una medida (otra más) a favor de los intereses de las corporaciones del agronegocio y, por ende, en contra de la salud de los pobladores y la calidad del medio ambiente, el artículo 6 impone que «los profesionales Ingenieros Agrónomos u otro título equivalente matriculado, que intervengan en la zona de amortiguamiento deberán asistir a jornadas de actualización técnica específicas que determine la Autoridad de Aplicación».
Otra muestra de la preocupación del gobierno por el «interés común de los habitantes de la Nación» está expresado en el artículo 5 de la resolución: «La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar». Tanta consideración conmueve.
Sarquís ya había anunciado durante los primeros días de diciembre el acuerdo de pautas de aplicación de agrotóxicos en los distintos municipios de la Provincia, basado en un informe conjunto elaborado en julio pasado por los entonces ministerios (luego rebajados a secretarías) de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria.
Algunos de los municipios que ya adhirieron a la firma de estas pautas son Ayacucho, Azul, Balcarce, Berisso, Carlos Tejedor y Chascomús. En el caso de este último distrito, fue noticia reciente la muerte de peces en los arroyos afluentes a la laguna, coincidente con la fumigación en campos de la zona. Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos Chascomús denunciaron que «con esta resolución se atenta contra los mismos trabajadores rurales y las familias que se encuentran en las zonas alcanzadas por los agrotóxicos».
Cancerígenas
El laboratorio de Biogeoquímica y Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto con el defensor del Pueblo bonaerense, realizaron un relevamiento sobre la utilización de agroquímicos en la Provincia. Para eso se obtuvieron muestras de suelos y aire colectados a lo largo del territorio. El estudio confirmó que los plaguicidas aplicados en el campo llegan a las ciudades vecinas, especialmente en verano, cuando las fumigaciones son más frecuentes.
La relación entre los pesticidas usados en el campo y la proliferación de casos de cáncer fue documentada en el informe «Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud», financiado por el Ministerio de Salud en el año 2014.
El mismo estudio probó que el comercio de productos fitosanitarios –plaguicidas y fertilizantes– aumentó un 48,7% entre 2002 y 2008. Ese año, se comercializó un total de 225 millones de litros de estos químicos, de los cuales cerca de un 75% fueron herbicidas.
Las empresas comercializadoras de este tipo de productos (Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos) alegan que el glifosato no es perjudicial para la salud humana basándose en una supuesta «abrumadora evidencia científica», Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como «probablemente cancerígenas».
En julio de este año, científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIMA) de la UNLP detectaron la presencia de glifosato y atrazina, los dos plaguicidas que dominan el mercado argentino, en el 80% de las muestras de agua de lluvia. «
En Entre Ríos, cáncer y resistencia
En abril pasado, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó –con nueve votos a favor y tres en contra aportados por el bloque de Cambiemos– la ordenanza que prohibió en todo el ejido de la ciudad el uso del glifosato. La medida llegó tras años de lucha y reclamos de vecinos y organizaciones ambientalistas que venían alertando sobre el aumento de nuevos casos de chicos con cáncer y leucemia por el riego indiscriminado del herbicida en los campos lindantes a viviendas y escuelas. Desde entonces, organizaciones de ruralistas recurrieron a la justicia presentando amparos para frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”, y calificándola como una respuesta «extrema» que afectará gravemente al sector.
Desde el punto de vista del consecuencialismo de la regla y del acto, estas acciones son totalmente malas.La ley que permite rociar químicos cancerígenos cerca de los establecimientos urbanos tiene consecuencias terribles sobre la salud de personas y animales.El acto en sí mismo también es malo ya que los que utilizan estos químicos podrían negarse a utilizarlos debido a las consecuencias negativas sobre sus semejantes.Si se ve desde el deontologismo lo correcto sería no realizar estas prácticas por respeto al resto de los seres vivos.
