14 julio, 2024

PROTOCOLO DE KIOTO

 

El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano(CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre(SF6). Esto, en un porcentaje aproximado de al menos un 5 % dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las emisiones a 1990. Por ejemplo, si las emisiones de estos gases en 1990 alcanzaban el 100 %, para 2012 deberán de haberse reducido como mínimo al 95 %, lo que no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5 % como mínimo, sino que este es un porcentaje a escala global y, por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir la contaminación global (según el país, deberán disminuir las emisiones más, o menos de un cinco por ciento).

 

El 11 de diciembre de 1997, en Kioto, 37 países industrializados y la Unión Europea se comprometieron a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. El objetivo principal era disminuir el cambio climático antropogénico (es decir, producido por la actividad del hombre) cuya base es el incremento forzado del efecto invernadero. Según las cifras de la ONU, se prevé que la temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 1,4 y 5,8 grados Celsius de aquí a 2100, a pesar que los inviernos son más fríos y violentos. Este fenómeno es más conocido como calentamiento global.

Se estableció que el compromiso sería de obligatorio cumplimiento cuando lo ratificasen los países industrializados responsables de al menos un 55 % de las emisiones de CO2. Con la ratificación de Rusia, y después de conseguir que la Unión Europea reconvirtiera su industria y modernizara sus instalaciones,  entro en vigor el protocolo el 16 de febrero de 2005. Además del cumplimiento de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, se promovió también la generación de un desarrollo sostenible, de forma tal que se utilicen de manera complementaria energías no convencionales que colaboren a disminuir el calentamiento global.

 

Argentina, como país en desarrollo y con aproximadamente el 0,6 % del total de las emisiones mundiales, no estaba obligada a cumplir las metas cuantitativas fijadas por el Protocolo de Kioto. Pese a ello ratificó el acuerdo, previa aprobación del Congreso Nacional el 13 de julio de 2001, a través de la Ley Nacional 25.438. En consecuencia, su condición de país adherente hace que deba comprometerse con la reducción de emisiones o, al menos, con su no incremento.

Estados Unidos, quien produce el 36% del total de los gases de efecto invernadero, actualmente no forma parte del Protocolo. Tuvo una participación simbólica de adhesión al principio al firmar el tratado, pero nunca llego a ratificarlo y se retiró del mismo en 2001.

 

En virtud del tratado los países tienen que alcanzar sus metas principalmente a través de medidas nacionales. No obstante, el Protocolo de Kioto les ofrece medios adicionales de alcanzarlas a través de mecanismos basados en el mercado:

El comercio de los derechos de emisión,  permite a los países que tengan unidades de emisión de sobra, la venta de ese exceso de capacidad a países que sobrepasan sus metas. Es decir, los países que no emiten la cantidad permitida de gases le venden los derechos a emitir a los países que tienen excedida su cuota.

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), permite que un país ponga en práctica proyectos de reducción de las emisiones en países en desarrollo. A través de estos proyectos consiguen créditos por Reducción Certificada de Emisión (RCE) y cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono – CO2 que cuenta para el cumplimiento de sus metas.

La Implementación Conjunta, admite que los países adquieran unidades de reducción de emisiones a través del financiamiento de proyectos en otros países miembros, fomenta la “inversión verde” y ofrece a los países un medio flexible y rentable de cumplir parte de sus compromisos de Kioto. Al mismo tiempo, el país donde se lleva a cabo el proyecto se beneficia de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología.

 

Bajo el ámbito de la decimoctava Conferencia sobre Cambio Climático, se ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020, con similares metas de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Además, los países desarrollados reiteraron su compromiso a largo plazo de continuar el financiamiento y el aporte de tecnologías en los países en vías de desarrollo, y acordaron seguir con esfuerzos para implementar planes nacionales de adaptación en dichos países.

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