Un colegio de Illinois quiso cancelar su contrato con Flock y las cámaras se negaron a apagarse
Elgin Community College instaló cámaras de Flock Safety para mejorar la seguridad pero luego intentó rescindir el contrato por preocupaciones sobre privacidad y uso de datos. El sistema no se apagó.
En abril de 2025, Elgin Community College en Illinois decidió instalar seis cámaras de Flock Safety con el objetivo de mejorar la seguridad de sus estudiantes. Menos de seis meses después, la administración del colegio quiso dar de baja el servicio, pero el sistema se negó a apagarse.
Según un reporte de The Verge, las preocupaciones surgieron cuando el colegio se enteró de que Flock compartía información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos. Además, detectaron fallas en la seguridad de las transmisiones y que tanto la policía local como otras agencias tenían acceso a las imágenes sin los controles adecuados.
El intento de cancelación del contrato se convirtió en un caso llamativo porque las cámaras siguieron funcionando y transmitiendo datos incluso después de que el colegio pidiera formalmente su desactivación. Esto pone sobre la mesa uno de los riesgos menos discutidos de los sistemas de vigilancia basados en suscripción: qué pasa cuando la institución quiere salir pero el proveedor no lo permite de inmediato.
Flock Safety es una empresa que vende cámaras de reconocimiento automático de patentes (ALPR) y sistemas de video conectados a una nube que luego las fuerzas de seguridad pueden consultar. Muchas universidades y municipios en Estados Unidos las adoptaron con la promesa de disuadir delitos y ayudar en investigaciones. Sin embargo, críticos señalan que estos sistemas crean bases de datos masivas de movimiento de vehículos y personas sin consentimiento explícito.
En el caso de Elgin, el colegio argumentó que el acuerdo inicial no reflejaba con claridad cómo se compartirían los datos ni los alcances de ese intercambio. La situación generó un tira y afloja legal y técnico que terminó con las cámaras todavía operativas mientras se resolvía el conflicto.
Aunque este caso ocurrió en Estados Unidos, sirve como advertencia para cualquier institución en Argentina o Latinoamérica que esté evaluando contratar sistemas similares de videovigilancia inteligente. Una vez que los datos empiezan a fluir hacia la nube de un proveedor privado, revertir esa decisión puede ser más complicado que simplemente “dar de baja un servicio”.
La brecha entre lo que se promete en la venta —seguridad inmediata y control total— y la realidad de contratos que otorgan acceso prolongado a terceros es cada vez más evidente. Instituciones educativas, que tienen responsabilidad directa sobre los datos de sus estudiantes, están empezando a revisar con mayor cuidado este tipo de acuerdos.
Desde el punto de vista técnico, las cámaras de Flock no son dispositivos locales que se pueden desconectar con un interruptor. Están diseñadas para operar de forma remota y centralizada, lo que les da al proveedor un grado de control que va más allá de lo que muchas organizaciones anticipan al firmar.
Este episodio refuerza la necesidad de leer la letra chica antes de instalar cualquier sistema de vigilancia que dependa de una plataforma externa. Una vez que las imágenes empiezan a generarse y a almacenarse en servidores ajenos, recuperar el control total puede llevar meses o terminar en tribunales.
En un contexto regional donde cada vez más municipios y universidades exploran tecnologías de seguridad basadas en IA y reconocimiento, el caso de Elgin Community College funciona como un recordatorio práctico: la seguridad no debería venir a costa de la soberanía sobre los datos propios.