Vecino de Salamanca lanza bolas de papel mojado desde un sexto piso y recibe propuesta de multa de 751 euros
El Ayuntamiento de Salamanca publicó en el BOE una sanción por arrojar residuos a la vía pública. El vecino tiene 10 días para alegar antes de que la multa quede firme.
Un vecino de Salamanca se enfrenta a una multa de 751 euros por lanzar bolas de papel mojado desde la terraza de un sexto piso. El incidente ocurrió el 3 de septiembre y fue detectado por una patrulla de la Policía Local, que identificó al presunto autor. Semanas después, el Ayuntamiento decidió publicar la propuesta de sanción en el Boletín Oficial del Estado (BOE) porque no pudo notificarla en el domicilio.
La conducta se enmarca en la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos. Según su artículo 11, está prohibido arrojar a la vía pública cualquier tipo de residuo u objeto de pequeña entidad. Una bola de papel mojado encaja en esa definición, ya que la ley de residuos considera residuo cualquier objeto que su poseedor desecha o tiene intención de desechar.
En Salamanca, esta infracción se califica directamente como grave. La Ley de Bases del Régimen Local establece que las multas graves pueden llegar hasta 1.500 euros, y por eso la sanción arranca en 751 euros, un euro más que el máximo de las leves. No se apreciaron reincidencia ni agravantes, aunque sí la intención de la conducta.
El lanzamiento afectó las inmediaciones de la terraza de un bar en la calle Condes de Crespo Rascón, aunque la notificación no menciona heridos, daños materiales ni quejas específicas de peatones o vecinos. Aun así, la Policía Local levantó acta y el expediente siguió su curso. La comisión de Medio Ambiente lo analizó y emitió informe el 28 de septiembre.
Este caso no es aislado. Existe un precedente en la misma ciudad de una multa de 200 euros por una situación similar. Además, el Código Civil en su artículo 1910 establece responsabilidad para quien arroja o deja caer objetos desde una vivienda, algo que el Tribunal Supremo ha aplicado tanto a propietarios como a inquilinos.
La publicación en el BOE se debe a que la notificación personal no fue posible. Es el mecanismo que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo cuando no se localiza al interesado. El vecino ahora dispone de 10 días para presentar alegaciones, aportar pruebas o negar los hechos.
Si reconoce su responsabilidad o paga de forma voluntaria antes de la resolución final, la sanción puede reducirse. Cada beneficio implica al menos un 20% menos: con una reducción bajaría a unos 601 euros y con las dos a unos 451 euros. La propuesta actual no es firme todavía.
Este tipo de sanciones busca proteger la salubridad y el ornato público. En otras ciudades como Getafe, por ejemplo, tirar colillas, chicles o pipas también se considera grave y puede llegar al mismo tope económico. Cuando la perturbación es mayor, la ley permite clasificarla como muy grave y aplicar multas de hasta 3.000 euros.
Aunque parezca una anécdota, el caso recuerda que arrojar cualquier objeto desde altura nunca es un juego. Más allá de la multa municipal, si hubiera causado daño, la responsabilidad civil podría ser aún mayor.