El Hierro recibe 10.000 migrantes en dos semanas y el Gobierno envía 5 millones
La isla canaria, con apenas 12.000 habitantes, enfrenta una llegada masiva de cayucos. El Ejecutivo central respondió con fondos de emergencia y un nuevo marco legal para derivar menores y gestionar la presión migratoria.
La isla de El Hierro, con casi 12.000 habitantes, recibió más de 10.000 personas en lo que va de noviembre a través de cayucos provenientes principalmente de Senegal y Gambia. La cifra, casi equivalente a su población local, generó una respuesta inmediata del Gobierno central con una inyección de 5 millones de euros y avances en un marco legal que se viene armando desde hace dos años.
Según datos de Interior, hasta el 15 de noviembre llegaron 24.364 personas a Canarias, un 65,9% más que en el mismo período de 2025. En El Hierro específicamente, desde enero arribaron unas 16.000 personas, de las cuales unas 500 permanecen en la isla mientras el resto fue derivado a otras zonas.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reclamó informes sobre el despliegue de Frontex para controlar el flujo. El alcalde local reprochó falta de previsión, aunque reconoció avances en las derivaciones de personas. Hoy se registró una tregua de 24 horas sin nuevas llegadas.
El Gobierno central aprobó, tras una reunión interministerial, tres millones de euros para el Servicio Canario de la Salud y dos millones para el Cabildo de El Hierro. Estas cifras se suman a los 15,18 millones ya previstos en emergencia. Además, llegó el buque Guardamar Calíope y una treintena de agentes para reforzar la atención.
En el plano legal, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, pactada con Junts, crea la figura de contingencia migratoria extraordinaria y obliga a reubicar menores no acompañados desde territorios saturados. Hasta febrero se habían reubicado 1.019 menores y en junio la cifra había subido a cerca de 2.000, con un fondo adicional de 35 millones.
El Real Decreto 316/2026, que regula un proceso de regularización, exige acreditar presencia en España antes del 1 de enero de 2026 y el plazo de solicitud vence el 30 de junio. Quienes llegan estos días no pueden acogerse a ese beneficio, que afecta potencialmente a unas 500.000 personas que ya residen, trabajan y pagan impuestos en el país.
A nivel europeo, el Pacto de Migración y Asilo entró en vigor el 12 de junio e impone un cribado obligatorio en frontera. El Gobierno aprobó en agosto anteproyectos para adaptar la legislación española. Canarias y el País Vasco advirtieron que esto puede generar más presión sobre las regiones fronterizas. Clavijo pidió celeridad a Bruselas para desplegar Frontex en Senegal y Gambia, aunque la UE aún revisa reglamentos.
El presidente Pedro Sánchez mantuvo conversaciones con Senegal y tiene previsto hacerlo con Gambia. Tres cuartas partes de las llegadas recientes terminaron en salidas voluntarias tras dos o tres días. Sin embargo, la tensión política es alta: el PP y Vox proponen medidas más restrictivas, mientras desde el Gobierno se defiende el rescate en el mar como obligación del derecho internacional.
La situación pone de manifiesto la dificultad para equilibrar control de fronteras, protección del derecho de asilo y capacidad real de acogida. El marco legal avanza, pero la velocidad de los cayucos genera dudas sobre si llegará a tiempo para aliviar la presión sobre El Hierro y el resto del archipiélago canario.