Piden tres años y medio de cárcel por destruir un yacimiento arqueológico para regar ajos
La Fiscalía de Valladolid y la Junta de Castilla y León acusan a dos administradores de abrir una zanja de 230 metros en el BIC de Pintia sin autorización, dañando irreversiblemente estratigrafía vaccea y romana. El juicio se realizó en marzo de 2027.
La Fiscalía de Valladolid y la Junta de Castilla y León piden tres años y seis meses de prisión para cada uno de los dos administradores acusados de dañar el yacimiento de Pintia, un Bien de Interés Cultural desde 1993 en Padilla de Duero, Valladolid.
Según la acusación, el 12 de enero de 2024 los imputados usaron una retroexcavadora para abrir una zanja de unos 230 metros de largo, entre 40 y 60 centímetros de ancho y entre 1,20 y 1,50 metros de profundidad. El objetivo era instalar una tubería de riego de 10 centímetros para cultivos de ajos y remolacha en una finca de 3,80 hectáreas. La zanja atravesó el núcleo del poblado vacceo y romano de Las Quintanas sin contar con autorización de la Consejería de Cultura.
El director del yacimiento, Carlos Sanz, descubrió los daños durante una inspección rutinaria y avisó al Seprona, que paralizó las obras. Parte de la zanja fue tapada con una pala cargadora, dejando unos 15 metros visibles. Los primeros peritajes hablaron de 1.200 metros cúbicos de terreno afectado, aunque esa cifra se precisará en el juicio.
El daño no se mide solo por el volumen de tierra removida. La zanja cortó la estratigrafía, destruyendo la secuencia temporal que permite datar los restos. Afectó manzanas de viviendas, un tramo de la muralla vaccea y un sector artesanal extramuros. Fragmentos de cerámicas, adobes y tejas aparecieron en el proceso. Carlos Sanz y el entonces consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, coincidieron en que se perdió en una mañana el trabajo de doce años de documentación.
Las peticiones económicas también difieren. La Fiscalía reclama una indemnización de 918.853,40 euros, mientras que la Junta pide 669.470,51 euros y la Universidad de Valladolid, 235.792,12 euros por la pérdida de capacidad investigadora de su Centro de Estudios Vacceos. Además, se exige que los acusados costeen las medidas de restauración posibles. Las aseguradoras Mapfre y Axa figuran como responsables civiles.
La defensa solicita la absolución. Argumenta que los imputados cultivaban la finca desde 2017 sin haber recibido notificación expresa de la protección arqueológica ni en el contrato de arrendamiento, ni en el Registro ni en el Catastro. Consideran que el cartel existente estaba deteriorado y era demasiado genérico, por lo que invocan un error de tipo invencible. La acusación, en cambio, sostiene que había señalización desde 2003 y 2004.
El caso pone sobre la mesa una discusión jurídica clave: qué nivel de conocimiento o previsibilidad se exige para condenar por daño a un patrimonio arqueológico. La jurisprudencia distingue entre dolo eventual (aceptar un daño probable) y la imprudencia grave. En casos similares, los tribunales han considerado que la notoriedad de un yacimiento BIC hace más difícil alegar error invencible, aunque la falta de señalización clara puede atenuar las penas.
El juicio está previsto para marzo de 2027. Más allá del veredicto, el daño al yacimiento es irreversible: lo que la zanja destruyó no se podrá excavar nunca más. Pintia, antigua ciudad vaccea en el valle del Duero, sigue siendo uno de los enclaves arqueológicos más importantes del norte de la península.
Qué significa esto para la protección del patrimonio
Casos como este recuerdan que los yacimientos protegidos no son solo vestigios del pasado, sino recursos científicos finitos. Cuando una obra sin autorización los atraviesa, se pierde información que ninguna restauración puede recuperar. La obligación de cuidado es mayor cuando el terreno tiene catalogación BIC y cuenta con excavaciones activas desde hace años.