En esta época de vacaciones de fin de año, un viajero incauto puede correr el riesgo de ser estafado por servicios turísticos ilegales que operan paralelamente a los legalmente constituidos.
Este tipo de servicios informales, en los que el turista no tiene garantía de que le cumplan con todo lo que le ofrecen, se encuentra en todas las ciudades y particularmente en los principales destinos turísticos del país, como Cartagena, Bogotá y Santa Marta.
Este año se registró una cifra récord en el combate contra el turismo ilegal. Los resultados dan cuenta del cierre de 1.060 establecimientos que prestaban sus servicios sin cumplir con las normas que regulan las actividades turísticas. Según el informe presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), del total de los establecimientos sancionados, 1.004 son alojamientos, 38 agencias de viajes, 13 restaurantes, tres empresas alquiladoras de vehículos, un centro recreacional y una empresa de transporte especial.
Es por eso que la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, dijo que, en el marco de los desafíos que trae la paz, la apuesta es hacia “un turismo sostenible, incluyente”. “Todo esto apunta a lograr una economía formal, íntegral, con reglas claras y oportunidades para todos”, insistió la jefe de esa cartera.
Durante 2016 y 2017, se han realizado un total de 91 operativos, que han permitido la apertura de 1.631 investigaciones preliminares a los prestadores de servicios turísticos que, presuntamente, incumplían las normas.
El objetivo fundamental de las Brigadas por la legalidad es lograr que todos los prestadores de servicios turísticos del país se acojan al marco normativo vigente y ejerzan su actividad formalmente y con los estándares de calidad que requiere el turismo colombiano para poder crecer.
Las empresas colombianas que están prestando servicios turísticos de forma legal pueden ser beneficiarias de los incentivos tributarios y fiscales que las autoridades de orden nacional, departamental, distrital o municipal, han diseñado para estimular y apoyar la industria turística.
Finalmente, el Ministerio hizo un llamado a las autoridades locales para la promoción de la legalidad con el fin de cumplir lo acordado en el nuevo Código de Policía que establece ejercer acciones disciplinarias en contra de los prestadores que no cumplen con los requisitos para operar.
Jordana Paredes.
