Noticia:
El juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó detener en las últimas horas a los ex directores de la Aduana Eduardo Bernardi y Edgardo Paolucci en el marco de una causa que investiga una maniobra de contrabando por medio de mudanzas simuladas desde el exterior. En total, el magistrado ordenó detener a unas 14 personas, entre ellos varios ex funcionarios aduaneros.
Paolucci era director de fiscalización y operativa aduanera y ya estuvo detenido en el marco de la causa que lleva adelante el juez Marcelo Aguinsky por la mafia de los contenedores. El ex funcionario aduanero era una pieza clave de la maniobra.
Paolucci se disputaba el poder dentro de la Aduana con Bernardi, a quien la Justicia le secuestró USD 500 mil en su casa durante un allanamiento y en las escuchas judiciales aparece con el apodo de «Pekerman». Ambos eran subordinados del ex subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas Daniel Santana.
La investigación tuvo un vuelco cuando otro de los investigados pidió transformarse en un arrepentido y dio información clave sobre la maniobra que implicaría un contrabando por 1.600 millones de pesos.
Opinión Personal:
El personal aduanero debe ser íntegro y no convertirse en cómplice de maniobras de contrabando. Que un funcionario reciba beneficios económicos por permitir y fomentar estas conductas, es éticamente censurable. La lealtad, legalidad, diligencia y honestidad son los valores éticos fundamentales para poder cumplir con estas funciones. Estos funcionarios no fueron leales a las instituciones a las que pertenecen, no actuaron en el marco de la ley y no fueron honestos. Esto es una falta de ética y de moral ya que ellos son los encargados de hacer cumplir con las normas que rige el Código Aduanero. Por lo tanto es más grave aún la falta por el cargo que ocupan siendo los responsables de controlar los ingresos y egreso de mercadería. Creo que merecen ser juzgados por un magistrado y tengan una sentencia ejemplificadora para que sus pares no se sientan impunes y sepan que la justicia puede caer sobre ellos.
Considero que la forma de proceder correcta hubiese sido no permitir el ingreso de los contenedores con declaraciones falsas de la mercadería e informar a las autoridades competentes para que estas tomen las medidas necesarias para encarrilar la situación.
