22 junio, 2024

Se trata de fondos que se dedican a comprar la deuda de empresas, economías o Estados próximos a la bancarrota o en un estado crítico que después recuperarán con elevados intereses. Vale mencionarse que la denominación de fondo buitre es peyorativa pero es la de uso más popular y corriente para denominarlos. Y obviamente dispone de una utilización simbólica, ya que justamente el buitre es un animal carroñero, estos fondos de capital libre buscan recursos en descomposición de los que sacar beneficio. También debemos mencionar que se los suele llamar holdouts (el que se queda fuera) define muy bien la actitud de estos acreedores que no aceptan las reestructuraciones del pago de la deuda que suelen hacerse, manteniéndose al margen de las negociaciones con la intención de cobrar el 100% del valor prestado, llegando a presionar a través de los tribunales, como ha sido el caso de Argentina.

¿Quiénes estában detrás de los fondos buitre? En el caso de Argentina es la empresa American Task Force (AFTA) la que engloba a NML y Elliot Management, los dos fondos buitres más grandes que operan domiciliados en paraísos fiscales.

Cuando la Argentina cayó en cesación de pagos o default allá por el año 2001, a instancias de una de las peores crisis que le tocó padecer en su historia, El llamado «corralito», hizo que el gobierno firmara la suspensión de pagos sobre una deuda de 102,000 millones de dólares que Argentina debía a los acreedores. Algunos fondos buitres compraron títulos de deuda a precios realmente bajos (a sólo 20 centavos el dolar). Pocos años después el gobierno argentino realizó la restructuración de la deuda, estos mismos fondos, y tal como es su práctica habitual, decidieron mantenerse al margen de la negociación que el estado mantuvo con otros tenedores de bonos y luego accionar judicialmente para lograr el mismo pago que aquellos bonistas que aceptaron el canje de deuda.

Recién en el año 2005 se ofreció un primer canje de deuda a razón de 30 centavos por dólar, más un cupón atado al PBI (GDP kicker o GDP warrant), bajo el argumento de que el nivel de deuda soberana debía ser sustentable con las condiciones macroeconómicas del país. Pero la reestructuración de la deuda alcanzó solo al 75% de los bonistas, uno de los porcentajes de aceptación más bajos en este tipo de acuerdos. Más tarde, en el año 2010, un segundo ofrecimiento fue bien recibido por el 93% de los bonistas, en un marco de similares condiciones. El 7% restante siguió adelante con los reclamos por la vía judicial.

El comportamiento del gobierno argentino fue lo que llevó a que los demandantes reclamasen el incumplimiento de la cláusula pari passu. El principal problema se centró en torno de la Ley Cerrojo (Ley 26.017, sobre las disposiciones adicionales a las que quedan sujetos los bonos del Estado Nacional que resultan elegibles para el canje), que prohibió al gobierno extender nuevas ofertas a los acreedores disidentes.

La Ley Cerrojo, promulgada el 10 de febrero de febrero de 2005, tuvo el propósito de que los derechos de los bonistas no presentados al canje quedasen sujetos adicionalmente a las disposiciones de la presente ley. Pero, dada la pobre aceptación, debió ser suspendida temporalmente por el Congreso para que se pudiera realizar el segundo canje de deuda en el 2010. La consecuencia más gravosa de la normativa fue a la postre la diferente clasificación de los bonos: holdings y holdouts.

En diciembre del 2011, el Juez Griesa emitió un fallo en el cual sostuvo que la Ley Cerrojo violó la cláusula pari passu. El gobierno de Cristina Fernández apeló el fallo, pero la Corte de Apelaciones, de manera unánime en octubre del 2012, afirmó la sentencia de Griesa. No obstante, le fue solicitada al juez la aclaración de la fórmula con la que se habría de definir el pago a los holdouts

En el año 2014 el  juez que entiende en la causa, Thomas Griesa, falló a favor que el estado argentino le pague a los fondos buitres lo mismo que le tiene pagar a aquellos tenedores de deuda que aceptaron la reestructuración

26 de junio de 2014 Argentina depositó más de 1.000 millones de dólares para saldar un vencimiento del 30 de junio correspondiente a su deuda reestructurada. Corre el riesgo de que el dinero sea embargado por orden de la Justicia estadounidense, a raíz de un reclamo de los fondos buitre que no aceptaron los canjes.

27 de junio de 2014 la Justicia estadounidense frenó el pago de la deuda reestructurada de la Argentina pero no embargó el dinero depositado por el país para ese fin, tal como habían solicitado los bonistas que no ingresaron en los canjes, los llamados “fondos buitre”.

30 de junio de 2014 los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 no reciben el pago tras el depósito del gobierno argentino, que asegura que cumplió con el pago. Comienza un período de gracia de 30 días para que la Argentina cumpla con el pago de la deuda reestructurada para no entrar en default, según las calificadoras de riesgo.

23 de julio de 2014 el gobierno argentino se había negado a aceptar tal fallo por considerarlo injusto y fuera de la ley y por ello el país fue declarado por los organismos internacionales en default o cesación de pagos, afectando ciertamente sus finanzas y la mirada económica del exterior.

En 2016 el nuevo gobierno de Argentina le pagó 9300 millones de dólares a los fondos buitres Datos del prestigioso diario británico Financial Times, para pagarles Argentina emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo, siendo el país que más se endeudó en el mundo desde 1996. Días después a consecuencia de esta política nacieron los llamados fondos de «tercera generación», una nueva tanda de demandantes con bonos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010; y tampoco aceptaron la propuesta del gobierno Mauricio Macri.

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