Para reducir el gasto y aliviar la tarea que hace el Banco Central a través de una política monetaria restrictiva, entendida por la fijación de una tasa de interés de referencia muy por arriba de las expectativas de inflación a un año, hay dos caminos posibles, más sus combinaciones: 1. que suban los ingresos tributarios, principalmente por la vía del aumento de la actividad económica; y 2. que bajen los gastos, en ambos casos respecto de la tasa de inflación pasada. A 16 meses de Gobierno, los datos fiscales correspondientes al primer trimestre mostraron muy modestos progresos: los ingresos totales de la administración nacional, sin sumar los recursos extraordinarios del blanqueo, se elevaron 4 puntos porcentuales menos que la inflación; mientras que el gasto antes del pago de intereses de la deuda se elevaron al compás del alza de los precios. El resultado de esa combinación determinó que el primer trimestre 2017 cerrara con un déficit fiscal que represento el 17% del total de recursos fiscales y avanzo a 24% en el caso del rojo financiero. Esto significa que hoy el sector público vive tres meses adelantados sobre su capacidad de generar recursos. ¿Qué frena el camino al equilibrio de las finanzas públicas? Economistas del Gobierno señalan la severa rigidez que encuentran para achicar el peso del Estado sobre las finanzas del sector privado, porque es quien a través del pago de impuestos, incluido el inflacionario, y la compra de bonos de la deuda pública, paga cada cuenta de modo directo e indirecto con su actividad productiva y consumo. En primer lugar advierten que del gasto público total casi la mitad –45%- corresponde a los ámbitos provincial y municipal, donde sobresalen la cobertura de la administración de la educación, la salud y la seguridad pública, además de su gestión; de modo que sólo pueden actuar sobre el 55% restante. De ahí que sobre 11 rubros que en Hacienda desagregan la composición de las erogaciones del sector público nacional, le quedan 10, de los cuales dos, que representan casi la mitad de ese desagregado, jubilaciones y pensiones y asignación universal por hijo y especial por embarazo, deben aumentar por ley cada seis meses según la tasa de inflación del semestre previo. En una economía que muestra una clara desaceleración de la suba de los precios, paso de un ritmo del 43% anual en el tercer trimestre de 2016 a menos de 30% ahora, asegura un crecimiento real sostenido hasta 2019 de los ingresos de los jubilados y pensionados, y aquellos que reciben la asignación universal por hijo y especial por embarazo, cuando se proyecta que se estabilice en un rango de 5% por año. El rubro inversiones en infraestructura que representa el 5% del gasto total y el 9% del presupuesto de la administración central, es el cuarto que lejos de bajar forma parte de las prioridades del Gobierno para expandirlo, por las enormes carencias que encontró en todo el país en la provisión a la sociedad de servicios de agua y cloacas, caminos, vivienda, transporte, puertos, y construcciones de establecimientos educativos y hospitalarios, entre otros. Tres rubros más que en el análisis oficial del control del gasto aparecen como inflexibles para ser recortados en su participación en el total son las correspondientes a Universidades, Salud y Desarrollo Social, que en conjunto explican el 4% del gasto consolidado y algo más de 7% para la Nación. Así llegan en Hacienda al octavo apartado del gasto que tampoco ofrece en el mediano plazo la posibilidad de disminución: el pago de intereses de la deuda pública que absorbe aproximadamente el 7% del Presupuesto a su cargo, porque el aumento del uso del crédito interno y externo es el camino alternativo que se eligió al de la emisión de dinero espurio del Banco Central para financiar el abultado déficit fiscal que prácticamente se ha hecho crónico en la Argentina. Este ítem que absorbe el 6% del Presupuesto consolidado y casi 11% del correspondiente a la Administración Nacional, acumuló en el primer trimestre de 2017 una suba de nominal de 32%, y disminuyó en términos reales poco más de dos por ciento. «Queremos mantener nuestro gasto primario constante en términos reales por los próximos años, y que las provincias lo hagan también. Para eso firmamos un acta-acuerdo que pretendemos convertir en una ley de Responsabilidad Fiscal durante este año», dijo Nicolás Dujovne en la presentación del seguimiento de las metas fiscales, las cuales cumplió con la ayuda de los ingresos del impuesto especial al blanqueo de activos.
