En la sociedad actual es común oír un reclamo que involucre a algún político, la mayoría de las veces involucrando la corrupción y la deshonestidad. Nuestra clase política es una de las más poco fiables para el común colectivo.
En esta oportunidad se cruzan los conceptos de privacidad y público, cuando el intendente de la capital cordobesa Ramón Mestre, decidió cumplir con una ordenanza municipal. La misma otorga el libre acceso a la información pública de los funcionarios municipales. Esta ordenanza habría sido sancionada en el año 2002. Siendo reglamentada en el 2010, pero nunca había sido aplicada. Desde el 2016 la intendencia decidió dar a conocer el listado completo de los empleados, detallando nombre apellido, cargo, remuneración y lugar de trabajo.
Con esta divulgación deja a la vista de toda la sociedad datos personales de los empleados, pero a la vez dejaría expuesto el derecho de la privacidad. Eso es lo que aducen los representantes gremiales de SUOEM (Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales) con Rubén Daniele al frente. La municipalidad de Córdoba cuenta con 10186 empleados, con un sueldo básico promedio de $23581 a los cuales se debe sumar las cargas y beneficios, dando un sueldo neto promedio de $41265.
Esta exposición de valores puede dejar en una posición incómoda a los empleados, ya que los valores que muestran son algo más que los promedio de la sociedad argentina. Además generó varios reclamos por parte de los empleados con reducción en el horario de atención al público en los edificios municipales. Hasta el no dictado de clases en las escuelas municipales. Con advertencia de tomar medidas de fuerza más rudas con cese total de actividades y movilizaciones en la capital cordobesa.
Según el sindicato realizarán un reclamo penal por una presunta violación a la ley de Protección de Datos Personales. Lo harían efectivo con una demanda civil bajo el Art 43 de habeas Data; y una demanda penal por incumplimiento del Artículo 157 bis párrafo 2 por revelar información de su banco de datos personales. Esto consta en la ley 25326 con sanción en el año 2000. Con el agravante de funcionario público lo que puede inhabilitarlo a ocupar cargos por un plazo de hasta 4 años.
Hechos como este tienen antecedentes con resultados a favor y en contra de ambas posiciones, en el 2012 la municipalidad de Bahía Blanca debió dar marcha atrás con esta divulgación, luego que la justicia de lugar al reclamo hecho por los sindicalistas de esa ciudad. En la actualidad la exposición de los datos en las plataformas abiertas se puede encontrar la localidad de Rosario y Mar del Plata. En la Rosarina se puede encontrar el detalle del sueldo bruto; sueldo neto; costo laboral y si corresponde a la planta permanente.
Sobre este tema fue consultado por un periódico porteño el civilista Gustavo Liembau, un reconocido abogado cordobés, opinando que los datos presentados por la municipalidad son públicos y de fácil acceso. Además aclara que entre el derecho de intimidad que reclaman los sindicalistas y el derecho del pueblo en conocer los gastos que representan los sueldos municipales, prevalece el interés público.
Interesante artículo .Es necesario que se blanque todo así los ciudadanos podemos creer más .además todo sale de lo tributario .