26 junio, 2024

En paralelo al fenómeno de configuración de bloques y de integración regional, se da una tendencia a la cohesión e interdependencia a escala mundial. Para apoyar este último proceso, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, se firmó un Acuerdo general de aranceles y comercio, conocido por su sigla inglesa GATT (General Agreement on Trade and Tariffs), suscrito en 1947 por 90 países, con el objeto de impulsar un ordenamiento comercial a escala mundial más abierto, estable y transparente y luchar contra el proteccionismo y la discriminación, de modo que sobre la base de una expansión del comercio se facilite una utilización más completa y eficiente de los recursos mundiales que redunde en mayores niveles de empleo, ingreso y bienestar de la humanidad.

Para lograr estos objetivos, el GATT contempló la celebración de acuerdos encaminados a obtener, a base de reciprocidad y mutuas ventajas, una reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de las demás barreras comerciales, así como la eliminación de todo trato discriminatorio en materia de comercio internacional. El acuerdo contempla un conjunto de derechos y obligaciones que deben ser respetados por los países que lo suscriben y mecanismos para la solución de controversias. Concretamente, el GATT sirve de marco para la realización de rondas generales de negociaciones entre los países miembros.

A partir de 1995, el GATT ha sido reemplazado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que es un organismo multilateral del nivel del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Este organismo busca profundizar el proceso de liberación del comercio entre naciones para que éste contribuya en mayor medida a estimular el crecimiento económico mundial. Entre sus objetivos están: la liberación del comercio agrícola, la eliminación de medidas proteccionistas diferentes a tarifas y cuotas y el fortalecimiento de los mecanismos de solución de disputas comerciales entre naciones. Así mismo, busca ampliar su radio de acción al intercambio de servicios, los movimientos de capitales y la tecnología y las medidas ambientales vinculadas con el comercio internacional. Con este nuevo ente se procura disponer de una base jurídica estable en las relaciones comerciales de todos los países y relanzar el crecimiento económico mundial, teniendo en cuenta las nuevas tendencias hacia la apertura comercial, la globalidad y la competitividad entre las naciones.

 

Pero por otro lado, se exponen diversas desventajas  que pueden perjudicar a los países miembro.

Que algunas Naciones como los Estados Unidos y algunas de la C.E.E. emprendan acciones en forma unilateral en referencia al Comercio de la actividades productoras de servicios que contravengan las disposiciones del GATT formuladas en el reinicio de las negociaciones de la Ronda Uruguay y que nos afecten directamente por ser miembro del organismo. Los Estados Unidos, por ejemplo, le exigen una apertura comercial a los países del Tercer Mundo pero aplican una severa política proteccionista en su mercado doméstico y esta circunstancia no es favorable para la nación, por ser los Estados Unidos nuestro principal socio comercial.

En el marco del GATT se eliminaría la protección efectiva de muchas industrias nacionales entre ellas, las productoras de servicios por lo que la gran competencia foránea llevaría a la quiebra a muchas de estas empresas incipientes o con niveles de competitividad y productividad relativamente bajos.

Que mediante una serie de subterfugios en materia legal, el ingreso al GATT se haya dado en una situación desfavorable y desventajosa que desmejore sustancialmente la  política de Comercio Exterior del la nación adherente. Con la instalación de grandes firmas o empresas productoras de servicios, se estimularía la dependencia (tanto tecnológica como de recursos humanos y de capital). Inhibiría el nacimiento y desarrollo de empresas nacionales dedicadas a las mismas actividades, cuestión que no es nada favorable para el futuro sector terciario y de las actividades económicas en general de la nación.

Algunos analistas opinan que estas discusiones en las nuevas áreas serán como una intromisión en el derecho soberano de cada nación de concebir su propia estrategia económica y de desarrollo y con respecto a esto se conoce que algunos países como es el caso de Brasil, han solicitado que se defienda el derecho de cada país a eximir de los acuerdos ciertos sectores considerados claves para la seguridad nacional.

Existe el temor que algunas corporaciones transnacionales no utilicen más propuestas por el GATT para limitar el desarrollo tecnológico de ciertos países, por lo que es lógico pensar que estas empresas no querrán producir o actuar en todos los países sino en aquellos que les sean convenientes en el logro de sus metas, lo cual obstaculizaría la transferencia de tecnología necesaria para el desarrollo de las economías.

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