El ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur se da oficialmente tras la suspensión de Paraguay en el organismo en 2012 como consecuencia de la destitución de su presidente. El entonces presidente Hugo Chávez resaltó la importancia de la incorporación de Venezuela como miembro pleno del Mercado Común del Sur para que impulse su desarrollo, así como también el del resto de la región.
Sin embargo, a medida que fueron pasando los años, el andar del país petrolero como miembro del acuerdo de integración económica no fue el adecuado para el resto de los países miembros debido a distintas políticas y decisiones que atentaban contra los principios del tratado. Desde su ingreso al Mercosur, Venezuela adecuó menos del 30 por ciento de la normativa de su país a las reglas en lo relativo al comercio, la política de energía, infraestructura, política de derechos humanos y defensa.
En consecuencia, en diciembre de 2016, los Estados fundadores del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidieron el cese de sus derechos inherentes a la condición de Estado parte de Venezuela, por no haberse adaptado por completo a las normas del bloque.
En agosto del 2017, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, decidieron de forma unánime suspender indefinidamente a Venezuela del bloque por la ruptura del orden democrático en su país. En la actualidad la situación interna de Venezuela empeora día tras día conllevándola a ser una de las peores crisis humanitaria en la historia del país. Se apunta al colapso de las instituciones constitucionales como el problema central del régimen militar de Nicolás Maduro.
Esta es la segunda vez que el Mercosur, desde su fundación en 1991, aplica la cláusula suscrita en 1998 en Ushuaia que estipula que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para la integración regional. El único precedente del Protocolo de Ushuaia se aplicó en 2012 contra Paraguay, tras la destitución del presidente Fernando Lugo.
El procedimiento de solución de controversias no obtuvo ninguna solución.
El 30 de noviembre de 2016, dos días antes de que le fuera notificado el cese de sus derechos, el gobierno venezolano solicitó la activación del Protocolo de Solución de Controversias. Ese procedimiento fue finalmente puesto en práctica el 15 de diciembre de 2016, iniciándose una ronda de negociaciones entre el coordinador venezolano y los coordinadores de los demás países para tratar de resolver la situación.
En teoría, esa fase debía durar apenas 15 días, pero se extendió hasta el pasado 25 de abril luego de que se celebraran tres reuniones formales: una en diciembre, una en febrero y otra en marzo. Sin embargo, a través de la vía de la negociación, no se pudo llegar a un acuerdo. Las posiciones dentro del bloque están distanciadas y el hecho de que el resto de los países haya sido objeto de diversos insultos y descalificaciones por parte del gobierno venezolano, reduce la posibilidad de una buena convivencia, aspecto fundamental en cualquier organización internacional.