derecho comercial

Hasta hace poco tiempo, hablar de tener una empresa en 24 horas y contar con crédito a medida formaba parte de esa quimera llamada ‘Argentina año verde’. Según el Gobierno, hoy esa posibilidad está más cerca que nunca luego que la Cámara de Senadores aprobara la Ley de Emprendedores, que se convirtió en una de las apuestas del presidente Mauricio Macri para alcanzar la ambiciosa promesa de “Pobreza cero”.

La norma, que se espera que entre en vigencia en mayo, crea la figura de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), y en forma paralela habilita a gestionar el correspondiente CUIT y abrir una cuenta bancaria en un día. Además, promete facilitar financiamiento no tradicional pero a la medida de las nuevas empresas.

“Mucha gente que pierde su trabajo o que quiere dejar la relación de dependencia va a poder crear su propia empresa bajo la figura de SAS, con apenas dos salarios básicos y un solo socio y accediendo a crédito competitivo”, dice el subsecretario de Emprendedores de la Nación, Esteban Campero.

Más allá de la contradicción etimológica que entraña la creación una sociedad con un solo socio, la iniciativa se propone simplificar el marco regulatorio de la actividad emprendedora en un escenario donde históricamente hicieron falta tres veces más trámites y tiempo que en Chile y cinco veces más que España, para abrir una empresa.

Con todo, la norma ha merecido algunas críticas. El economista Miguel Angel Boggiano dijo esta semana que “las SAS no presentan facilidades para contratar personal y tampoco ventajas impositivas, por lo que no se alivia la mochila más pesada que cargan las nuevas empresas”.

La Ley de Emprendedores fue votada en diciembre pasado en Diputados por unanimidad y en el Senado arañó un empate en 24, que dejo la definición para el nuevo ejercicio legislativo.

Finalmente, y sin que trascendieran detalles de las negociaciones llevadas a cabo entre el Ejecutivo y los Senadores ‘críticos’, el proyecto fue votado por la totalidad de los representantes provinciales.

En su paso por la Cámara Baja, el proyecto incorporó como sujetos de beneficio a entidades que no persiguen fines de lucro, como es el caso de ONG y cooperativas. Otra particularidad de la normativa es la exigencia a las SAS de digitalizar los históricos libros contables, así como el fomento de la formalidad empresaria y el trabajo en blanco.

Desde el Gobierno se insiste en que esta condición es clave e imprescindible para el acceso a los beneficios de las políticas activas con foco en las micro, pequeñas y medianas empresas.

SAS y crédito

El unánime apoyo conseguido en el ‘desempate’ de la Cámara Alta, sumado a idéntico respaldo conseguido en Diputados, terminó demostrando el consenso político que existe en torno al protagonismo de la actividad emprendedora como abastecedora del tejido pyme y generadora de empleo.

De allí la importancia que se les adjudica a las empresas SAS, una figura de origen anglosajón y antecedentes auspiciosos en la región, sobre todo en Colombia y Chile.

La norma prevé que los interesados podrán constituir CUIT o CDI (Clave de Identificación) en un día, abrir una cuenta bancaria simplificada, emitir acciones de mismo derecho a diferente precio y digitalizar firma, libros y poderes.

“Las SAS serán una oportunidad para 3 millones de monotributistas; para el 42% de ocupados que trabajan en la informalidad y para que las 60 mil empresas que se crean por año en la Argentina lo hagan de forma simple y ágil. Pero corresponde preguntarse si no estaremos ante el certificado de defunción del monotributo”, se pregunta Sergio Lazzarin, titular de la consultora Pyme on Line.

Para Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, está previsto que monotributo y SAS convivan por lo menos hasta que se vean los cambios que introducirá el proyecto de la reforma impositiva, si es que esto sucede en algún momento. “De hecho hay diferencias, porque las SAS no serán obligatorias y deberán tributar los mismos impuestos que hoy paga cualquier sociedad comercial, como una sociedad anónima”, dice Mayer.

Entre los instrumentos de financiamiento diseñados en la propuesta, figura el impulso al crowdfunding, una figura emparentada con el mecenazgo financiero, y la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), un fideicomiso destinado a financiar empresas nacientes y jugadores del mercado de capital emprendedor. Durante el debate en Diputados, un legislador alertó sobre el riesgo de que el FONDCE utilice fondos públicos para la compra de acciones de empresas.

En el ámbito emprendedor, en tanto, se conoce poco acerca del funcionamiento del crowdfunding, que la Ley propone regular con la Comisión Nacional de Valores, como autoridad de control y aplicación