El glifosato es un herbicida de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las raíces. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos, o pulverizarse a tocones como herbicida forestal.
El glifosato mata las plantas interfiriendo con la síntesis de los aminoácidos fenilalanina, tirosina y triptófano. Aunque el crecimiento se detiene a las pocas horas de la aplicación, las hojas tardan días en volverse amarillas.
El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial producido por Monsanto).
Un estudio del activista antitransgénicos Seralini afirma que las formulaciones y productos metabólicos de Roundup causarían la muerte de embriones, placentas y células umbilicales humanas in vitro incluso en bajas concentraciones.
En dos ocasiones la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) ha encontrado científicos falsificando deliberadamente los resultados de las pruebas realizadas en los laboratorios de investigación contratados por Monsanto para estudiar los efectos del glifosato.
En el primer incidente, que involucró a Industry Biotest Laboratories, un revisor de la EPA declaró después de la investigación sobre falsificación de datos de rutina que era difícil de creer la integridad científica de los estudios cuando se dice que tomaron muestras de los úteros de conejos machos. En el segundo incidente sobre falsificación de resultados, ocurrido en 1991, el propietario del laboratorio Craven Labs, y tres empleados fueron acusados de 20 cargos; el propietario fue condenado a 5 años de prisión y una multa de 50 000 dólares, el laboratorio fue multado con 15,5 millones de dólares y se le ordenó pagar 3,7 millones en restitución. Los laboratorios Craven habían realizado estudios para 262 empresas, entre ellas los plaguicidas de Monsanto.
En el mes de septiembre del año 2016, en la Argentina la planta de la multinacional Atanor (segunda productora de glifosato en el país) fue clausurada en uno de sus sectores por orden judicial, al comprobarse que arroja químicos contaminantes al río Paraná. La medida llega tras siete años de reclamos judiciales de vecinos y trabajadores afectados. Denuncian no menos de 200 casos de enfermedades y muertes en el Barrio Química.