Las personas con discapacidad representan alrededor de un 15% de la población mundial.
Sin embargo, sus derechos a un trabajo formal son cada vez mas denegado, las personas con discapacidad se enfrentan a enormes barreras discriminatorias que dificultan el disfrute a la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. En comparación con las personas sin discapacidad, las personas con discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica de manera que están en riesgo de una protección social insuficiente la cual es clave para reducir la pobreza extrema.
En nuestro país la Constitución Nacional establece en su articulo 16, el principio de igualdad ante la ley. En cuanto a las leyes nacionales, la ley 22.431 se refiere al sistema de protección integral de los discapacitados y la ley 24.901 referida al sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. La primera ley hace mención a la obligación del estado a una protección a favor de la persona discapacitada incluyendo atención medica, educación y capacitación laboral, la segunda ley contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección con el objeto de brindar una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. En la actualidad nuestro país requiere de acciones políticas de parte del estado con el fin de garantizar a las personas con discapacidad las mismas posibilidades de empleo que las del resto de las personas, esta problemática de inclusión laboral hizo que muchos especialistas en la materia se convocaran para definir criterios, sancionar leyes y preocuparse por el derecho y cumplimiento de todos los ciudadanos.
En conclusión podemos decir que las personas con discapacidad en nuestro país, tienen derecho a un empleo digno ya sea en los entes públicos no estatales, en las empresas dependientes del Estado, en las privadas, en las empresas concesionarias de servicios públicos, en los gobiernos provinciales y las municipalidades, etc. A decir verdad, no sólo es un derecho, sino también un deber del Estado garantizar condiciones para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.