El término trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo que es física, mental, social o moralmente perjudicial para el niño, afecta su escolaridad y le impide jugar. Muchos niños no reciben alimentación ni cuidados apropiados. Se les niega la oportunidad de ser niños. Más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y la prostitución.
La Ley 26.390 prohíbe el trabajo infantil y eleva a 16 años la edad mínima de admisión al empleo. El Estado argentino, como parte de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, se compromete a proteger al niño contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo peligroso o que entorpezca su educación, o sea nocivo para su salud o su desarrollo físico, moral, espiritual o social.
En la Argentina, el trabajo en niños menores de 16 años está prohibido y el tiempo de trabajo en adolescentes está regulado, porque los expone a no poder ejercer su derecho a la educación, que actualmente es obligatoria hasta la finalización del ciclo secundario.
Sin embargo, el ejercicio del derecho a la educación no es lo único vulnerado en los niños y adolescentes que trabajan. El trabajo doméstico intensivo y la participación en actividades económicas en la niñez y la adolescencia exponen a los sujetos de este grupo poblacional a múltiples riesgos en las capacidades físicas y psicológicas, y en el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho al juego recreativo, la práctica de deportes, el esparcimiento, la sociabilidad con pares, entre otros. La exposición a estos múltiples riesgos y privaciones de derechos no sólo limita el desarrollo de capacidades que favorecen los procesos de movilidad, sino que resulta funcional, además, a los procesos de reproducción intergeneracional de la pobreza y la precariedad laboral.
Estudios demuestran que la mayoría de los chicos trabajadores no podrá terminar la educación secundaria y, en el mejor de los casos, continuará sus trayectorias vitales en el marco de trabajos precarios, inestables y en condiciones profundamente nocivas para su salud física y psicológica.
Gobierno, empleadores y trabajadores, acordaron incorporar como prioridad del Programa de Trabajo Decente por País 2012-2015 “promover el efectivo cumplimiento de los derechos y principios fundamentales en el trabajo, con especial atención a la prevención y erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso”.
Las estrategias de erradicación del trabajo infantil requieren considerar los múltiples aspectos relacionados. Se trata de un fenómeno que se asocia a las estrategias de reproducción de los hogares, a la informalidad laboral, y que encuentra una fuerte tensión con la continuidad educativa en la secundaria. Es válido recordar, por fin, que si bien la educación secundaria es obligatoria en la Argentina, aún no ha logrado realizar las transformaciones necesarias para que todas las adolescencias puedan ser incluidas. En la actualidad, para algunas juventudes la escuela no representa un vehículo de movilidad social y el trabajo precario representa un medio de integración en el marco de la reproducción intergeneracional de la pobreza.
La obligatoriedad de la educación secundaria seguramente ayudará a producir sinergia entre las acciones del campo educativo y las políticas de erradicación del trabajo infantil en la población adolescente, que es la más comprometida en términos de su magnitud con este problema. Está claro que la solución no es única y se requiere de la asociación de muchos sectores, entre los cuales podrían jugar un papel destacado los gobiernos locales y la ciudadanía informada y sensibilizada con el problema.
