El gobierno de Perú impuso derechos antidumping de entre el 17 y 31,6% a los envíos argentinos de biodiésel a ese país argumentando que el diferencial de derecho de exportación genera un subsidio encubierto que distorsiona los precios lo que hace que llegue con menor valor frente a los productos locales. Se estima pérdidas anuales por u$s150 millones en concepto de divisas por el cierre de este mercado.
La medida publicada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) fue rechazada por la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la cual calificó de “medida proteccionista contraria a las normas internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por tanto ilegal”.
Según pudo saber este diario a partir de fuentes privadas y públicas del Perú, la resolución estuvo fundamentada a partir de los datos que las mismas empresas argentinas pusieron a disposición del Indecopi en el cual se pudo determinar que el valor de venta del biodiésel en el Perú era superior a lo que se ofrecía en el mercado argentino.
Además las fuentes detallaron que la norma no se baso en la regulación de los aranceles sino que se determinó de acuerdo a las exigencias que la misma OMC impone. Es decir que se reconstruyó los costos del precio final del producto.
Por lo pronto, el presidente el presidente de Carbio sostuvo que la resolución peruana “desconoce los fallos internacionales en contra de los argumentos que han usado”. Hace poco la OMC dictaminó a favor de la Argentina en su pelea contra la UE.
Las fuentes externas recalcaron que la medida peruana tomo en cuenta toda la información de las empresas, algo que no hizo Europa.
