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La Justicia de Perú ordenó que no se aplique el perdón al exmandatario Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000) por la matanza ocurrida en Pativilca en 1992, lo que causó la denuncia de la defensa por «actuar de manera maliciosa».

En la víspera de Navidad, el presidente Pedro Pablo Kuczynski
otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori, condenado a 25 años por corrupción, secuestro agravado y violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo le otorgó la gracia presidencial por la matanza de Pativilca, donde murieron 6 campesinos a manos del grupo militar «Colina» -creado por el brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos y el jefe del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos- en 1992.

La Sala presidida por la juez Miluska Cano determinó que el derecho de gracia por razones humanitarias al procesado Alberto Fujimori Fujimori en el caso Pativilca-Caraqueño, «carece de efectos jurídicos». «(La petición de indulto) es incompatible con los deberes de investigar, juzgar, sancionar graves violaciones de derechos humanos siendo además una medida que como hemos analizado colisiona claramente con los derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución y que careciendo de una debida motivación no surte efectos en la presente causa penal», indicó la sentencia.

El abogado defensor de Fujimori, Miguel Arroyo, anunció por su parte que presentaron una «queja disciplinaria contra varios funcionarios del Poder Judicial, que incluso en el tema del indulto no se han oficiado para que se cancele órdenes de captura contra Fujimori. El Poder Judicial está actuando de manera maliciosa».

Según señaló a ABC el director del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, tras la resolución «Fujimori pasa de ser un ciudadano libre a la condición de procesado. Es una derrota política para Fujimori y también para Pedro Pablo Kuczynski».

Tras haber obtenido su libertad el pasado diciembre, Fujimori vive en una lujosa casa en La Molina, al este de Lima, donde recibe las visitas de sus correligionarios y de su hijo menor, el congresista Kenji Gerardo, quien fue el principal impulsor del indulto a su padre.

¿Realmente humanitario?
Según el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, «la clave de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es determinar si el indulto fue realmente humanitario. Si no fue humanitario, viola las obligaciones internacionales de Perú. Para ese análisis, lo más sencillo para la corte será basarse en pronunciamientos nacionales como el de la Sala (presidida por Miluska Cano)».

«La Sala Judicial de Perú aclara que si bien los indultos son una facultad del presidente de la República, ello no permite dictarlos de forma arbitraria. En un estado constitucional de derecho no existen zonas aisladas de poder que no puedan estar sujetas a control. Es decir, para la Sala, Kuczynski no dio fundamentos para indultar a Fujimori», añadió Vivanco.

En su análisis del fallo sobre el caso Pativilca, el experto concluye que «el derecho peruano exigía escuchar a las víctimas y a organizaciones e instituciones de derechos humanos antes de dictar la resolución, ello no ocurrió. Por último, la Sala por momentos sugiere que, además del derecho de gracia, el indulto a Fujimori podría ser en sí mismo violatorio del derecho internacional porque impide que (el ex jefe de Estado) sea sancionado con una pena proporcional a la gravedad de los delitos que cometió.

La matanza de Pativilca ocurrió el 29 de enero de 1992, a 200 kilómetros al norte de Lima, a manos del grupo militar «Colina» que realizó ejecuciones extrajudiciales auspiciado por el gobierno de Fujimori, con el fin de acabar con la banda terrorista Sendero Luminoso, de corte maoísta.
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