Existe alguna legislación que regule la actividad de las agencias de viajes en la Argentina? En que consiste?

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La industria del turismo, más allá de las crisis y problemas económicos que enfrente un país, es una industria que está en constante crecimiento, a nivel nacional e internacional, porque, pese a todo, nadie quiere privarse de la reconfortante experiencia de viajar, y las personas muchas veces resignan otro tipo de comodidades con tal de afrontar los elevados gastos que implica un viaje.
El fenómeno del turismo, está claro, es un fenómeno socio-económico que se ha convertido -sobre todo en los últimos años- en una de las industrias más competitivas del mundo, por lo tanto su actividad debe ser gestionada y ejercida bajo una legislación adecuada para tal fin. Atento a esto, y teniendo en cuenta que la actividad del agente de viajes es uno de los medios indispensables y más efectivos para la realización del turismo, el Estado tiene la obligación de dictar las leyes pertinentes para garantizar la calidad del servicio, determinada por la capacitación, idoneidad y solvencia de las agencias prestatarias.
En la Argentina, mediante la aplicación de la ley 18829, en sus decretos 2182/72, y los decretos contenidos en la Convención de Bruselas sobres Viajes Internacionales, (ratificada en nuestro país por la ley 19.918), busca regular el accionar de todos aquellos que desarrollen las actividades específicas que correspondan a la agencia de viajes en cualquier parte del territorio nacional. La ley contiene normas y obligaciones que la agencia de viajes debe cumplir a fin de operar de manera “adecuada”, y de ésta forma protege al cliente o consumidor.
A modo descriptivo, y solo por mencionar algunos de los aspectos que abarca la ley 18.829, cabe señalar que ésta normativa atañe a todas las personas, físicas o jurídicas, que desarrollen actividades que ella considera propias de las agencias de viajes. Según lo expresa en el art. 1- y luego se amplía y completa en el art. 2-, estas son:
A) Actividades de organización de viajes en el país o en el extranjero.
b) actividades de intermediación en la reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte y/o hoteleros en el país o en el extranjero.
c) la representacion de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras.
En el art. 3 se mencionan las atribuciones que le corresponden a las empresas de transporte aéreo, ferroviario y marítimo, y en el art. 4 se enumeran los distintos tipos de agencias de viajes contemplados en ésta normativa.
Los art. 5 y 6 hacen referencia a las licencias requeridas por La Dirección Nacional de Turismo para desempeñar funciones como Agencia de viajes y sus costes, y el art. 7 menciona cuáles son los impedimentos a la hora de ser titular de la Agencia y quienes están habilitados (según la ley) para serlo.
La ley 18.829 contiene 35 artículos con todas las exigencias y requerimientos del Estado para poder operar legalmente, pero también indica cuál es el correcto accionar de la Agencia frente a los consumidores en los distintos supuestos en que fuera necesaria la intervención del derecho. Por citar un ejemplo a éste respecto, en el art. 23 se trata el caso en que la Agencia decidiera cancelar sus viajes y actividades contratadas, y le otorga el derecho de hacerlo bajo lo que la ley considera “causas justificadas “, las cuales se detallan en el art. 24, y en los artículos subsiguientes, además de tratar otros supuestos, atiende el asunto de las indemnizaciones correspondientes a los clientes.
Como puede verse, la ley siempre buscará el justo accinar de las partes (en éste caso, agencias y contratantes). Sin embargo, y a modo de crítica personal, la ley 18.829 entró en vigencia en 1970, y la ley 19.972 en el año 1972, con lo cual es posible inferir que a estas alturas sería preciso introducir las modificaciones necesarias para que éstas leyes se adecuen a las exigencias del mercado actual del turismo, y, por otro lado, corregir o “llenar” los vacíos legales existentes. Un claro ejemplo de estos “vacíos” se encuentra en el ya mencionado art. 24, donde habla de las causas que, ante la ley, justifican la cancelación (por parte de la empresa) de servicios ya contratados. En su comienzo, cita como causas justificadas la “fuerza mayor y el caso fortuito”, sin dar especificacion alguna sobre estos dos supuestos, dejando así un amplio margen para la interpretación personal. Es de interés, además, que la ley 24.240 de defensa del Consumidor fue sancionada y promulgada en 1993, unos 20 años después de la promulgación de la ley de Agencia de Viajes, con lo cual es lógico pensar que ésta última fue redactada sin contemplar a los usuarios desde el punto de vista central, lo cual es indispensable teniendo en cuenta que el Estado debe proteger, en primer lugar, al usuario o consumidor de los bienes y servicios, quien es el más vulnerable en caso de incumplimiento por parte de los prestadores.

Fuentes de información.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/638/texact.htm
http://derechodelturismo.net/ver/146/responsabilidad-de-las-agencias-de-viaje
http://www.registrodeidoneos.org.ar/pdf/Legislacion.pdf

Defensa del consumidor


http://www.ley24240.com.ar/